Respuesta ante el COVID 19
Por Rosío Flores
Entre enero y noviembre de este año se practicaron 825 interrupciones legales de embarazo, o abortos; de ellas, el 45% (343) fueron por violencia sexual.
Esos, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), del Ministerio de Salud,
La directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, informó a LA RAZÓN que de ese total, 269 (el 78%) corresponden a menores de 15 años de edad.
Asimismo, la activista expresó su preocupación por el ascenso en los índices de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes.
Esa cifra superó este año en comparación a 2018, cuando se registró 5.865 denuncias y hasta el 24 de noviembre de este año 10.071 (71%). Ver cuadro
“La violencia sexual es el segundo tipo de violencia en el país luego de la intrafamiliar, varios casos corresponden a jóvenes adolescentes mujeres. Esto lo podemos contrastar con los datos del SNIS, donde manifiestan que en lo que va del año se realizaron 825 interrupciones legales de embarazos; 14 han sido por malformaciones congénitas y 468 por riesgo de salud de la madre”, explicó Sánchez a LA RAZÓN.
Un caso que causó polémica este año fue la vulneración de sus derechos a una menor de 12 años de edad.
La menor sufrió reiteradas violaciones de parte de su abuelastro y quedó en estado de gestación.
Tanto el personal del centro de salud de Chimoré, municipio donde sucedió el hecho, y luego del hospital materno infantil Germán Urquidi, le negaron a su familia la solicitud de interrumpir el embarazo.
Los galenos justificaron la negativa con que la víctima tenía siete meses de gestación y la junta médica del Germán Urquidi consideró que no correspondía la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por la edad gestacional e hicieron conocer que ese procedimiento debió realizarse máximo hasta la semana 22.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, consideró la negativa de los galenos como un acto de “tortura”. Sin embargo, semanas después la niña dio a luz al bebé, pero éste falleció por varias complicaciones en su salud. Luego, la niña fue llevada a un centro de acogida para recibir atención integral y que pueda superar los traumas que le dejaron los hechos.
Desde 2014 rige en Bolivia la Sentencia Constitucional 206/14, que establece que la mujer podrá acceder a un aborto legal y seguro en ciertos.
Esa norma contempla como causales violación, incesto (cuando es provocado por un familiar cercano), estupro (cuando la víctima es una menor de edad) o cuando la vida de la mujer corre peligro.