No sólo es ilegal, es tortura. Forzar a niñas   a  asumir la maternidad es ultraje. Negarles el derecho al aborto es volver a victimizarlas. En Bolivia, en promedio, seis niñas quedan embarazadas cada día producto de violencia sexual y pese a que la ley les permite interrumpir el embarazo, en la práctica la norma sólo se cumple en casos aislados. Después de la sentencia 206/2014 de 2014, que facilitó el procedimiento,   se han registrado 543 ILE (Interrupción Legal del Embarazo)    mientras los embarazos infantiles en el país superan los 13.000.

Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE) del Ministerio de Salud, en 2020 se registraron 2.146 embarazos de niñas entre 10 y 14 años de edad: seis embarazos cada día. El año 2019,  según los registros, hubo 2.759 embarazos infantiles: hasta   siete  diarios.

La Convención de Belém do Pará -organismo de la OEA para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer-, de la que Bolivia es parte, determina que toda gestación de menores de 14 años debe considerarse producto de violencia sexual. Por tanto, los Estados tienen la obligación de brindar una atención especializada, investigar las agresiones y asegurar el acceso a la interrupción del embarazo.

En Bolivia está vigente desde 2014 la Sentencia Constitucional 206/2014, que avala la ILE producto de una violación, a través de una denuncia y el consentimiento informado. En la práctica, las ILE  son  aisladas;  en la gran mayoría de los casos ni las víctimas ni su entorno cercano saben que se puede acceder al procedimiento con la sola denuncia de vejación.

Entre 2014 y 2019, los embarazos infantiles superaron los  13.000, de acuerdo con cifras oficiales, y  se practicaron sólo 543 ILE (4%) en todo el país, según datos de IPAS. En ese mismo lapso, se registraron 54.002 abortos incompletos.

Círculo “clandestino”

En Bolivia el aborto es una realidad, pese a que se lo condene a la clandestinidad por la criminalización fuera de las causales y se niegue a hablar del tema en la agenda pública. Debido a la pandemia, no hay datos de 2020 pero se presume que las restricciones dificultaron aún más el acceso a la atención médica oportuna.

“En Bolivia hay un círculo clandestino del aborto por el que pasan incluso quienes podrían haber accedido por ley a la interrupción del embarazo. Esto se debe a que en la práctica hay muchísimas barreras que impiden la realización de la ILE. El tema se ha ido agravando con la pandemia porque  en Bolivia prácticamente se suspendieron los servicios de salud sexual y reproductiva durante la cuarentena”, explica Tania Nava, directora de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia.

Desconocimiento de la ley, prejuicio del entorno y del personal médico,  y negligencia de las  autoridades  son las causas que impiden a las niñas vejadas interrumpir embarazos.

“Una de las trabas al momento de solicitar la ILE es la reacción negligente de personal médico que, alegando objeción de conciencia, no da respuestas oportunas. Se respeta desde luego la posición de los trabajadores que así lo demandan pero debe ser una postura personal, nunca institucional; además, tiene que hacerse de manera honesta y a tiempo, derivando a la niña para garantizar que se cumpla la norma”, manifiesta Nava.

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