Página Siete Digital

La Defensoría del Pueblo calificó este lunes de "grave vulneración de derechos humanos" el que se interrumpa el proceso de aborto de una niña de 11 años y criticó que el centro de salud permitiera el ingreso de grupos religiosos que ejercieron presión sobre la familia. La cabeza de dicha entidad, Nadia Cruz, sostuvo que la violencia sexual no puede ser “romantizada” y que las menores de edad “no pueden ser madres”.

"La niña ha manifestado su voluntad para ser sometida a una interrupción legal del embarazo, tomando en cuenta la situación de violencia que ella había vivido anteriormente. Lastimosamente tenemos información de que en el centro de salud han sido permisibles a que ingresen grupos de iglesias a poder conversar y poder generar una suerte de presión en contra de ella, generar una suerte de condicionamiento en relación a la familia”, señaló Cruz, ante la prensa.

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“La Iglesia no puede mostrar un romanticismo en un caso de violencia sexual contra una niña de 11 años. No se puede hablar de amor cuando a esta niña la han vejado sexualmente por un familiar cercano y ahora quieren darle una connotación de amor y protección, no corresponde. Estos casos a nivel mundial son conocidos como casos de tortura, las niñas no pueden ser madres”.

El caso de la menor de edad que resultó embarazada producto de la violación del padre de su padrastro, se hizo pública la anterior semana. El jueves se emitió una sentencia para detener la gestación, pero la familia de la víctima decidió continuar con el embarazo este domingo, cuando la niña ya había iniciado el proceso de interrupción.

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“Lastimosamente este es un caso que vamos a llevar hasta el sistema interamericano, es un caso flagrante de vulneración de derechos humanos. Bolivia tiene previsto en su marco constitucional que en los casos de violencia sexual como este, es todo el aparato del Estado, el centro de salud y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que deberían haber precautelado y tomado como sujeto de derechos a la niña, no a la familia", recalcó Cruz.

“Nosotros vamos a continuar con la investigando en este caso. En muchos casos parecidos hemos llegado a implementar procesos penales en contra de las autoridades públicas que no han hecho su trabajo y en este caso corresponde”, agregó.

La menor de edad presenta 21 semanas de embarazo y está en el margen legal permitido que establece la interrupción del embarazo hasta la semana 22 en casos de violación.

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