Una niña de 13 años que era abusada sexualmente por un vecino interrumpió, de manera voluntaria, un embarazo de 12 semanas y encendió el debate sobre la despenalización del aborto en Venezuela, donde la Justicia encarceló a la mujer que la ayudó y dejó libre al agresor por falta de pruebas.

El caso ha despertado indignación en buena parte de la opinión pública que rechaza la detención de Vanesa Rosales, la profesora y activista que facilitó el abortivo y que estuvo tres meses tras las rejas, si bien ahora se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio que podría acabar condenándola a 12 años de cárcel.

El tema es tan controvertido, que todavía son pocos los que se atreven a manifestarse abiertamente, sin escudarse tras el muro de las redes sociales, donde las reacciones más extremas no se hicieron esperar.

Pero si un embarazo en una niña de 13 años siempre arrastra unos inconvenientes inevitables por la inmadurez -tanto física como psicológica de la gestante-, en Venezuela, se agravan, a consecuencia de las condiciones de vida de la mayoría de ciudadanos, que viven en la miseria y sin visos de mejora en un futuro cercano.

Si la menor hubiera pertenecido a una familia con posibilidades económicas, ¿hubiera ocurrido lo mismo? ¿Habría abortado de esta forma o se hubieran buscado otras opciones en manos de especialistas? Y, lo que no deja de ser igual de importante: ¿hubiese existido denuncia? ¿Se habría conocido la noticia o quedaría en la intimidad?