Respuesta ante el COVID 19
Aunque varios tratados internacionales respaldan el secreto profesional —la obligación que tiene el médico de guardar información sobre su paciente—, según un informe reciente de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres más del 56 % de las denuncias por aborto registradas en Colombia, entre 2006 y 2019, fueron iniciadas por el personal médico que atendió los casos, una tendencia que se repite en toda América Latina. A pesar de la contundencia de ese dato, al día de hoy, después de legalizaciones y décadas de demanda de los movimientos feministas, no se sabe dónde están los prestadores de servicios de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), más allá de las clínicas privadas más visibles. Además, no se conoce cuáles son las regiones donde la objeción y la obstrucción hacen imposible el acceso a un aborto seguro.
El gremio capacitado para realizar abortos cuenta con una diversidad de personalidades que abarca a los denunciantes y obstructores, a los que objetan por principios religiosos y morales, a aquellos a los que la indiferencia los deja al margen del debate y la práctica, y también a quienes dedican sus días a prestar el servicio a pesar del estigma y la sobrecarga laboral. Este reportaje reúne la experiencia de esos médicos y médicas que ofrecen opciones a mujeres y niñas que buscan sosiego ante la falta de garantías que caracteriza a la región.
Una mañana, Clara* se despidió de su madre y de su hijo de dos meses con la promesa de mandar por ellos apenas tuviera el dinero. Tenía 15 años, el ímpetu de un huracán y la certeza de que para lograr mantener a su recién nacido tenía que salir de su natal San Cristóbal, la ciudad venezolana fronteriza con Colombia. Llegó a la orilla del río Arauca a las 10 de la noche como le habían dicho y esperó en la oscuridad. Antes de que apareciera la lancha que la cruzaría al otro lado de la frontera, unos hombres la agarraron a golpes, la violaron y le quitaron todos los ahorros que su madre le había metido en el bolsillo. Cuatro meses después, ya viviendo en Bogotá, se enteraría de que esa noche aún no terminaba: a causa de la violación, Clara estaba embarazada.
Agarró los pesos que había reunido en esos meses para su madre y su hijo, y se fue con la única amiga que tenía en la ciudad a encontrar un lugar donde abortar. Primero llegó a una casa en el barrio Teusaquillo donde, después de hacerle algunas preguntas, la acostaron en una cama, le abrieron las piernas y le pusieron unas pinzas al costado. La mujer que la atendió le dijo que por el dinero que tenía no podía ofrecerle anestesia. Clara se paralizó. Antes de que continuara, su amiga la agarró, la montó a un taxi y le pidió ayuda al conductor. El hombre las llevó a Profamilia, una clínica pionera en servicios para salud sexual y reproductiva, en Colombia.
Es poco lo que Clara recuerda de ese día de 2016: la sala de cirugías, las luces, el cansancio. Recuerda haber pedido que no la atendiera un hombre porque no soportaba el tacto masculino sobre su piel y, entonces, le asignaron a Ginny Torres, una médica caleña. Luego vino la anestesia y otra vez la oscuridad. Cuando despertó, Ginny le confirmó que el feto ya no estaba y ella aprobó que le pusieran un dispositivo anticonceptivo en el brazo. Clara, una niña que se volvió madre a los 14 años, se sumó entonces al 20 % de adolescentes entre 15 y 19 años que en Colombia tienen segundos embarazos durante la adolescencia, según el Departamento Nacional de Planeación (DANE).