Un Informeelaborado por la Defensoría del Pueblo con apoyo de Ipas Bolivia, revela quesólo el 8% de 277 prestadores en salud en 44 centros de salud a nivel nacionalque fueron consultados, conoce en qué casos procede la Interrupción Legaldel Embarazo (ILE), lo que deriva en vulneraciones de los derechos de mujeres,niñas y adolescentes, y recomienda a la Asamblea Legislativa Plurinacional quedicte una ley que garantice el ejercicio de los derechos.

La Sentencia Constitucional Plurinacional SCP206/2014 de 5 de febrero y el Procedimiento Técnico para la Prestación deServicios de Salud (PTPSS), aprobado a través de la RM 027/2015 de 29 de enero,establece que la interrupción legal del embarazo procede en casos de violaciónsexual, incesto, estupro, cuando existe malformaciones letales en el feto ocuando la vida y la salud de la mujer corre riesgo.

El Informe Defensorial, presentado este lunes por la Defensora delPueblo, Nadia Cruz, y la Directora Ejecutiva de Ipas Bolivia, Malena MoralesLara, contempla los resultados de la verificación sobre el cumplimiento de laSentencia Constitucional Plurinacional 206/2014 y la aplicación delprocedimiento técnico para la interrupción legal del embarazo en los serviciosde salud a nivel nacional; incluye los informes requeridos a distintasinstancias públicas y la información recogida durante las visitas a los centrosde salud a nivel nacional.

La investigación develó una serie de vulneraciones a los derechoshumanos de las mujeres, sobre todo a sus derechos sexuales y reproductivos,evidenciándose que las usuarias que acuden a un establecimiento de salud enestado de gestación producto de una violación sexual y que solicitan lainterrupción legal del embarazo, son sometidas una y otra vez acuestionamientos de parte del personal médico sobre la decisión asumida.

Se identificó que, en la mayoría de los casos, el personal de saludtrata de persuadir para que se continúe con un embarazo no deseado o negándolesel derecho de interrumpirlo, situaciones que provocan angustia, dolor,sufrimiento y re victimización en las mujeres, niñas o adolescentes víctimas deviolación.

La institución defensorial comprobó, además, que la Asamblea LegislativaPlurinacional, no promulgó una ley que garantice el ejercicio de derechossexuales y derechos reproductivos, conforme lo establece el artículo 66 de laConstitución Política del Estado y el punto resolutivo 5° de la SCP 206/2014;evidenció que el Órgano Ejecutivo no prioriza ni ejecuta políticas públicaseducativas y de salud destinadas a la difusión, protección y atención de losderechos sexuales y reproductivos de la mujer que puedan contrarrestar y/odisminuir las tasas de mortalidad por causa de abortos clandestinos; tampocodesarrolla acciones que protejan a la infancia ni la educación en reproducciónsexual.

Fuente: La Defensoría del Pueblo

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