Respuesta ante el COVID 19
Una mujer embarazada acudió la pasada semana al servicio de emergencias del hospital de la Mujer, de Sucre, con complicaciones de salud, luego de tomar pastillas abortivas. El caso llegó a instancias judiciales, donde se dictó una sentencia contra ella y su pareja por aborto inducido.
La pareja de jóvenes, de 19 y 22 años de edad, se sometió a un proceso abreviado ante la justicia, donde admitió el aborto y recibió una condena de dos años de privación de libertad, pero, por el perdón judicial, no ingresarán a la cárcel.
“En el día de la audiencia ellos se han sometido a un procedimiento abreviado, habiendo reconocido su culpabilidad en el hecho, han renunciado al juicio oral e, inmediatamente, se les ha sentenciado a la pena de dos años (de cárcel) por la edad que tienen estos jóvenes y, como la pena es menor, se ha dispuesto el perdón judicial para estos dos ciudadanos”, informó Lázaro Rocha, juez de Instrucción Cuarto en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca.
Según los antecedentes del caso relatados por Rocha, los sentenciados habían decidido que la mujer ingiriera pastillas abortivas, pero la situación se salió de control y tuvieron que acudir al hospital, donde se completó la interrupción del embarazo. La joven llevaba 23 semanas de gestación.
Si bien se beneficiaron del perdón judicial, ambos están inhabilitados de ejercer algún cargo en la función pública en los próximos ocho años, indicó el juez, sin detallar la edad de los jóvenes.
REACCIONES
Representantes de organizaciones juveniles consultadas por CORREO DEL SUR dijeron que una sentencia por aborto es poco común y que ven un abuso fiscal o policial porque es extraño que la pareja se declarara culpable. Presumen que no tenían la información correcta.
Fuentes judiciales consultadas por este diario confirmaron que casos como este, de abortos inducidos, no suelen llegar a sentencias, por lo que se constituye en un proceso poco frecuente.
NORMA
En Bolivia, desde 2014 –cuando se emitió la sentencia constitucional 206/2014– está aprobada la interrupción legal de un embarazo (ILE) por tres causales: cuando el embarazo es producto de violación, cuando la víctima es menor de edad y cuando por el resultado de la gestación la vida o salud de la mujer corren peligro.