Respuesta ante el COVID 19
De los delitos vinculados a violación (38,4%), el que sufren niños, niñas y adolescentes es el más común de los reclusos del país. El 15,9% de los reos perpetró violación a menores. Narcotráfico y robo y robo agravado son delitos que lo secundan.
Suman ese 38,4% casos de violación a menores, violación (a mujeres adultas), abuso sexual (toques impúdicos), violación agravada (con muerte) y tentativa de violación.
En cuanto a violación de menores, hay un total de 4.594 reclusos acusados bajo ese delito, es decir, el 15,93%, de un total de 28.838 presidiarios en el país.
Y en el orden correlativo, siguen otros delitos: vinculados con la Ley 1008, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, 4.173 reos, que representan el 14,47% del total. En el caso de robo y robo agravado, las personas acusadas con ese delito alcanzaron a 3.792, el 13,15%.
El documento, a diciembre de 2023, describe una lista de 21 delitos “predominantes”, es decir, en los que más incurrieron los reclusos que cuentan con detención preventiva y sentencia en los recintos penitenciarios.
El delito de violación es el siguiente en la lista; hay 2.386 reclusos vinculados con ese ilícito, es decir, el 8,27% de la población penitenciaria. El abuso sexual privó a 2.591 personas, el 8,98%. Mientras que la violencia familiar dejó sin libertad a 1.957, que significa el 6,79 de las personas sin libertad en el país.
Otras de las causas de los más de 28.800 reclusos son asesinato, violación agravada, asistencia familiar, homicidio, feminicidio, estupro e infanticidio, entre otras.
El reporte de Penitenciarías clasifica un segundo grupo de delitos como “de menor frecuencia”, en los que incurrieron 2.183 encarcelados, el 7,57% del total.
En esa lista están tentativa de violación, tentativa de robo, tentativa de asesinato, lesiones graves y leves, y abandono de mujeres, y otros, de una lista de 132 delitos.
El departamento de Santa Cruz tiene entre rejas a 1.875 personas vinculadas con el delito de violación de menores, le siguen La Paz, con 818 y Cochabamba, con 518. Tarija, Beni, Potosí, Oruro y Pando reportan menor cantidad de casos, y en ese orden.
En el caso de los delitos vinculados con al Ley 1008, Santa Cruz concentra la mayor cantidad de acusados; son 1.127 varones y mujeres que fueron privados de libertad por su vinculación con ese ilícito. Son 758 en Cochabamba y 682 en La Paz.
Claramente, el eje troncal del país no solamente tiene en sus recintos carcelarios a la mayor cantidad de reclusos (20.610), sino que también tiene a los acusados de los delitos más cometidos.
Los reclusos vinculados con esos tres delitos alcanzan el 43,6% del total de personas que actualmente están en las 46 cárceles, 20 urbanas y 26 provinciales, que existen en el país.
Del total de recluidos en las cárceles de Bolivia, un total de 18.080 personas cumple detención preventiva por los procesos que enfrenta mientras dura la investigación de sus casos. El otro grupo es el de 10.758 personas que cuentan con condenas determinadas por los jueces.
Como se puede ver, la detención preventiva es la principal causa del hacinamiento de 174% en los centros carcelarios del país.
Según los datos brindados a este medio, las 46 cárceles del país tienen una capacidad para albergar a 10.521 personas, pero el total de reclusos es 28.838.
Distribuidos en los centros penitenciarios de todo el país, hay 26.759 varones, o sea un 92,79%, frente a 1.917 mujeres, que representan el 6,65%; incluso hay datos de miembros del colectivo LGBTI; son 162 que están recluidos en las cárceles del país, suman un 0,56%.
En el caso del hacinamiento, Santa Cruz concentra el 37,1% de la población encarcelada; La Paz 20,2%; Cochabamba 14,2%; Tarija 6,2%; Beni 4,7%; Oruro 6,2%; Potosí 5%; Chuquisaca 4,14% y Pando con el 2,4%. Este último es el departamento con menos hacinamiento, pues la capacidad de sus recintos carcelarios alcanza a 600 personas, aunque en ellas habitan, según el informe de Penitenciarías, 692 reos.
Si bien existe una evidente sobrepoblación en las cárceles, el Ministerio de Gobierno, a través de Régimen Penitenciario, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, impulsa las denominadas jornadas de descongestionamiento judicial.
Previa programación, esa medida permitió la liberación de reclusos cuyos plazos procesales ya se cumplieron o de aquellos que están por cumplir dicho periodo de sanción.
El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, adelantó a La Razón que el Gobierno prevé —aunque no explicó cuándo— la construcción de nuevos recintos penitenciarios en algunas regiones del país.
Sin embargo, dijo que en algunos centros se hicieron ampliaciones de la infraestructura, aunque el fin de esa tarea es evitar los índices de violencia en las cárceles.
Limpias destacó que Bolivia es uno de los países con menor índice de violencia en las cárceles y atribuyó eso a las constantes pesquisas que realizan las direcciones de cada centro penitenciario, en las que se decomisan objetos que están prohibidos para los reclusos, como celulares, bebidas alcohólicas e, incluso, armas punzocortantes.
Si bien la seguridad dentro de los centros penitenciarios del país es un factor importante para la Dirección de Régimen Penitenciario, el reporte muestra que existen solo 1.541 efectivos policiales destinados para esa tarea.
El departamento que cuenta con más personal policial en cárceles es La Paz, que tiene 391 policías; le siguen Santa Cruz con 261, Cochabamba con 285; Tarija, Potosí y Oruro con 110 cada uno; Pando 99, Beni 88 y Chuquisaca 87.
No son habituales los motines de reclusos, pero San Pedro de La Paz y El Abra y San Sebastián de Cochabamba lo sufrieron más.